Gobierno, médicos y enfermeros firman un acuerdo marco para la salud

Uno de los compromisos es mantener la asistencia sanitaria “pública, gratuita y universal" El portavoz del PSOE en el Congreso critica al Gobierno por dejar fuera a las comunidades autónomas En la fotografía final no faltó nadie. Salen casi todos los que contribuyeron a la creación de un acuerdo marco entre el Gobierno y el sector sanitario, en el que se pide de manera exclusiva que la sanidad salga del debate político -una aspiración de todos los Ejecutivos siempre frustrada por los sucesivos boicoteos como el del PP y CiU al anterior proyecto de pacto de Estado por la sanidad en la anterior legislatura, o del PSOE e IU en esta-, aunque precisamente no hubo más representante político que los del ministerio en el acto. El Gobierno y el sector sanitario se comprometen a que la asistencia sanitaria se mantenga “pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad y financiada mediante impuestos”, lo que choca con las últimas acciones del Ministerio de Sanidad de dejar por fuera de algunos beneficios médicos a colectivos como las parejas lesbianas, solteras e inmigrantes y definir una condición de beneficiario que se basa en que tienen asistencia sanitaria pública quienes cotizan a la Seguridad Social (lo que definió el Franquismo), y no por el hecho de pagar impuestos, algo que todos los habitantes del país, por el hecho de comprar pan -que está gravado con el IVA correspondiente- ya hacen. El documento –llamado oficialmente Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud- fue rubricado esta mañana en un salón de La Moncloa por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y representantes del sector médico (colegios, estudiantes, sindicatos) y enfermería (colegio, sindicatos), teniendo como testigo y anfitrión al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. En el acto hubo discursos, pero no se aceptaron preguntas. El acuerdo se articula en tres grandes áreas: pacto por la sanidad, recursos humanos y gestión clínica. El acuerdo fue discutido durante cinco meses entre el ministerio y profesionales médicos y enfermeros (colegios, sindicatos y académicos), que representan a unos 500.000 trabajadores ( de los que el 70% está en la pública). . El pacto toca tres áreas: pacto por la sanidad, recursos humanos y gestión clínica En la primera parte, la del pacto por la sanidad, además de la universalidad y gratuidad de la salud, los firmantes se han comprometido a “definir un nuevo modelo de financiación estable” -algo de lo que hasta ahora los profesionales han estado al margen ya que se define en los Consejos de Política Fiscal y Financiera- , que traerá consigo unas reformas en las comunidades autónomas para que “sus presupuestos garanticen un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera de servicios del sistema nacional de salud”. La idea suena a la famosa financiación finalista propuesta por casi todos -incluido el PP- antes de las últimas elecciones (que el Gobierno central dé un dinero a las comunidades específico para sanidad), que luego no se ha aplicado porque supone cambiar el modelo de financiación autonómica. este establece que el Gobierno da una cantidad de lo que recauda vía impuestos en función de la población y otras variables (insularidad, dispersión, envejecimiento), pero luego las comunidades lo pueden gastar en lo que quieran (sanidad, educación, obras públicas, cultura, gastos de representación, etcétera). En este apartado está el hacer públicos los resultados de los centros e incluso de los servicios, algo que choca con el oscurantismo actual, en el que, por poner el ejemplo más claro, ministerio y comunidades tienen un acuerdo para que el primero no facilite desglosados los datos de la lista de espera, por ejemplo. Algo en lo que los profesionales firmantes (no estaban los servicios farmacéuticos hospitalarios ni otros) tampoco pueden hacer mucho. Este primer punto es una especie de declaración de intenciones, lejos de las posibilidades reales de los firmantes salvo el ministerio, que representantes de médicos y enfermeras han aceptado a cambio de consolidar cuestiones profesionales, que son las incluidas en los siguientes puntos de los acuerdos. Y hay que decir los acuerdos porque en verdad se han firmado dos textos, uno con enfermeros y otro con médicos, prueba de esta concesión a tres manos. Basta ver las notas de prensa que cada uno de los colectivos ha emitido para saber dónde quieren poner el interés. Así, la del Foro de la Profesión Médica (colegios, sociedades, estudiantes y sindicato) recalca que "tendrán un estatuto jurídico propio e interlocución directa con la Administración", y añade que "el acuerdo firmado hoy en La Moncloa promueve su liderazgo en la gestión sanitaria y garantiza que no habrá más recortes a nivel estatal". Arroja sombras de duda sobre la viabilidad de algunos compromisos profesionales Portavoz de Sanidad del PSOE En cambio, el del colegio y el sindicato de enfermería recalca que "el documento establece también el desarrollo inmediato de la prescripción enfermera y de las especialidades de enfermería, incluyendo en este último aspecto la puesta en marcha de la prueba de evaluación de la competencia pendientes o las actuaciones para la creación de la categoría de enfermero especialista, entre otras" y que "otros temas prioritarios son el desarrollo de políticas activas de promoción de empleo enfermero en nuevos ámbitos de actuación y el establecimiento en toda España de la Directiva Europea de Bioseguridad para minimizar la exposición de enfermedades como VIH/sida o hepatitis como consecuencia de pinchazos accidentales". El acuerdo ha sido visto con recelo por la oposición. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, ha criticado al Gobierno por dejar fuera de las discusiones del acuerdo a las comunidades autónomas. “Este acuerdo arroja sombras de duda sobre la viabilidad de algunos compromisos profesionales", ha comentado a Europa Press. El político ha comentado que no cree que el acuerdo suponga un "compromiso real de una sanidad pública, universal y gratuita" y que para ello habría que revocar el decreto de abril de 2012 de recortes sanitarios que dejó fuera a los inmigrantes en situación irregular. "Dudamos de que esto signifique que la ministra de Sanidad vaya a traer al Congreso una norma de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, tal y como de manera reiterada hemos pedido todos los grupos parlamentarios y que el PP ha rechazado en numerosas ocasiones durante los últimos meses", ha indicado. "Resulta un sarcasmo escandaloso que mientras el Gobierno esta embarcado en una estrategia de desmantelamiento, deterioro y privatización del sistema sanitario público en España, rechazada por la gran mayoría de la población y de los profesionales sanitarios, algunas organizaciones corporativas, médicas y de enfermería, se atrevan a firmar con la ministra de Sanidad un documento de colaboración, vacío de contenido practico, destinado supuestamente a garantizar la sostenibilidad del sistema", ha dicho la federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública en un comunicado (FADSP). Otro que ha reaccionado rápidamente ha sido el consejero de Asturias, Faustino Blanco, que ha afirmado que "el acuerdo firmado hoy aborda cuestiones que competen al Gobierno asturiano, como el modelo sanitario, la política de recursos humanos y la gestión clínica". Por eso, "el Principado exige participar en el pacto, porque la mayoría de un partido no debería ser suficiente para imponer políticas propias que afectan a los derechos universales”. “Las autonomías debemos participar con pleno derecho, porque en las políticas que afectan a derechos universales, como la sanidad y la educación, la mayoría de un partido no es suficiente para imponer políticas propias; se requieren pactos y acuerdos”, ha añadido.