Teófila Martínez reduce el aforo de los plenos: “Las vigas del Ayuntamiento son de madera”
El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido reducir el número de ciudadanos que podrán acceder a los plenos a partir de septiembre. La placa que cifra el aforo del Salón de Plenos del Consistorio gaditano apareció ayer modificada: el número 175 da paso ahora al 125. Cincuenta sillas menos. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha apuntado a la seguridad para justificar esta medida, aunque las últimas protestas ciudadanas en el Ayuntamiento han puesto en un brete al equipo de Gobierno de la ciudad, liderado por el Partido Popular. Sobre todo, después de la intervención de Inmaculada Michinina, que tras reclamar una licencia para vender sus manualidades en el mercado de El Baratillo, hizo todo un alegato sobre la representatividad de los políticos elegidos por los ciudadanos en unas elecciones.
“No hay ninguna intencionalidad”, afirmó Teófila Martinez ayer, poniéndose muy seria, según sus propias palabras: “Me pongo seria porque hay medios de comunicación y partidos políticos que quieren sacar las cosas de quicio”, continuó la primera edil. Acto seguido, apuntó a Izquierda Unida como responsable de las últimas protestas: “Pleno tras pleno hay personas que están en las listas de Izquierda Unida y que vienen a hablar siempre de lo mismo… y no son problemas sociales”, dijo con el gesto severo. En el último pleno, la mayoría del PP rechazó la proposición de IU para que se revisara la lista de espera para acceder a una licencia en el mercado de El Baratillo. La misma licencia que Inmaculada Michinina y otras 40 familias llevan reivindicando tres años y reclamando en los plenos de los últimos tres meses. Esta reivindicación y su discurso, en el que exigía al delegado de Hacienda, Personal, Consumo y Mercados de Cádiz, José Blas Fernández, y a la propia Teófila Martínez que les dejaran algo de dignidad para poder ganarse la vida, dio la vuelta a España a través de las redes sociales. La propia Inmaculada Michinina, en declaraciones a Andalucesdiario.es, reconocía que se la había acusado de querer reventar los plenos: “Nos acusan de que estamos pagados por la oposición y eso es absolutamente falso”.
“Nunca se ha limitado el aforo”, insistió ayer la alcaldesa. “Pero desde seguridad nos han comentado que en varias ocasiones se ha pasado del aforo permitido… y las vigas de esta casa son de madera, no de hormigón armado”, aseguró Martínez en una conferencia de prensa en la que volvió a señalar a Izquierda Unida como responsable de la polémica: “La imagen que está dando de la ciudad no se corresponde con la realidad”.
VARIAS PROTESTAS
Pero lo cierto es que en los últimos tiempos han sido varios los plenos polémicos que se han vivido en el Ayuntamiento de Cádiz. A finales de junio, un grupo de ciudadanos tomaban el pleno al grito de “esta es la casa del pueblo“ para reclamar soluciones contra la crisis y el desempleo que azota históricamente a esta provincia. Los concejales del PP y la propia alcaldesa decidieron abandonar el pleno y se vieron obligados a salir escoltados por la Policía, ante la exigencia de los ciudadanos a que escucharan sus reivindicaciones: “Para eso os pagamos”, reclamaron.
Meses antes, otro ciudadano intervino de espaldas al pleno del ayuntamiento como gesto de protesta, lo que desencadenó que el equipo de Gobierno popular abandonara el lugar, dejando con la palabra en la boca al interviniente. Días antes, este desempleado había protagonizado la misma escena.
La participación de los ciudadanos y la grabación de los plenos es un punto de desencuentro continuo entre la ciudadanía y los Gobiernos locales. Son muchos los consistorios españoles en los que se prohíbe la grabación y la participación activa de la ciudadanía, como denuncia la Plataforma Graba tu Pleno. Para algunos alcaldes los plenos no son algo público y amenazan a los vecinos con expulsarlos de la sesión cuando, por ejemplo, graban las intervenciones, pese a que los tribunales, el Defensor del Pueblo y el propio Congreso de los Diputados han respaldado la legalidad de estas grabaciones. El anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo 21, obligará a los ayuntamientos a que las sesiones plenarias estén accesibles por Internet, “bien retransmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios respetando en todo caso el funcionamiento ordinario de la institución“.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Tp266LB12Y
Pero lo cierto es que en los últimos tiempos han sido varios los plenos polémicos que se han vivido en el Ayuntamiento de Cádiz. A finales de junio, un grupo de ciudadanos tomaban el pleno al grito de “esta es la casa del pueblo“ para reclamar soluciones contra la crisis y el desempleo que azota históricamente a esta provincia. Los concejales del PP y la propia alcaldesa decidieron abandonar el pleno y se vieron obligados a salir escoltados por la Policía, ante la exigencia de los ciudadanos a que escucharan sus reivindicaciones: “Para eso os pagamos”, reclamaron.
Meses antes, otro ciudadano intervino de espaldas al pleno del ayuntamiento como gesto de protesta, lo que desencadenó que el equipo de Gobierno popular abandonara el lugar, dejando con la palabra en la boca al interviniente. Días antes, este desempleado había protagonizado la misma escena.
La participación de los ciudadanos y la grabación de los plenos es un punto de desencuentro continuo entre la ciudadanía y los Gobiernos locales. Son muchos los consistorios españoles en los que se prohíbe la grabación y la participación activa de la ciudadanía, como denuncia la Plataforma Graba tu Pleno. Para algunos alcaldes los plenos no son algo público y amenazan a los vecinos con expulsarlos de la sesión cuando, por ejemplo, graban las intervenciones, pese a que los tribunales, el Defensor del Pueblo y el propio Congreso de los Diputados han respaldado la legalidad de estas grabaciones. El anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo 21, obligará a los ayuntamientos a que las sesiones plenarias estén accesibles por Internet, “bien retransmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios respetando en todo caso el funcionamiento ordinario de la institución“.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Tp266LB12Y
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