Los principales grupos ecologistas han rechazado de pleno la reforma energética y han denunciado que el Gobierno mantiene un diálogo continuo con las grandes empresas del sector eléctrico y que la hoja de ruta medioambiental responde sólo a "intereses económicos de las grandes compañías eléctricas y no al interés general". "No va a solucional los problemas del sector eléctrico", han manifestado.
En un comunicado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han considerado que España seguirá importando y quemando combustibles fósiles en una senda medio ambiental, económica y social insostenible, que además "imposibilita que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia", de acuerdo con el Real Decreto sobre autoconsumo.
"Incluso el no registrarse como autoconsumidor en el Ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros", han opinado.
Además, las ONG ecologistas denuncian que el paquete normativo está diseñado para "frenar en seco" el desarrollo de las energías renovables "a favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio)" y la "absoluta falta de transparencia" mostrada por el Ministerio de Industria, que ha otorgado sólo diez días para presentar alegaciones a la normativa.
"La reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro", sostienen. "El extenso paquete normativo, presentado en poco más de una semana, culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica. Mientras tanto, nada dice de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los ecologistas se proponen acabar con el ‘matrimonio’ entre políticos y grandes empresas eléctricas
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lleva a la Fiscalía Anticorrupción los casos de puertas giratorias. Greenpeace realiza varios actos en Madrid contra la "boda de conveniencia" del Gobierno con Iberdrola, Endesa y Gas Natural
Quizás los casos de los expresidentes Felipe González (consejero de Gas Natural) y José María Aznar (consejero de Endesa) son los más conocidos. Pero la lista de políticos o familiares de políticos que pasan a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas de España es extensa y de variado tinte político: Narcís Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes, todos ellos en Endesa; Ángel Acebes e Ignacio López del Hierro en Iberdrola; Ana Palacio en Hidroeléctrica del Cantábrico; María de los Ángeles Amador en Red Eléctrica; Marcelino Oreja en Enagás...
Estos nombres, junto a otros muchos, aparecen en la denuncia que la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, integrada por varias agrupaciones ecologistas, partidos políticos y sociedad civil, han presentado esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las consecuencias que esta práctica de puertas giratorias están teniendo en consumidores y medio ambiente.
"En el presente documento se detallará la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, que con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector", señala el escrito que la plataforma ha hecho llegar al Ministerio Público junto a decenas de miles de firmas de apoyo a la iniciativa.
En especial, la denuncia hace hincapié en cómo esta connivencia entre políticos y empresas ha servido para "hacer agonizar" al sector de las renovables con el objetivo de beneficiar a las grandes compañías eléctricas.
"¿Quién paga la boda?"
En la misma línea se ha desarrollado también esta mañana la última acción de Greenpeace, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que ha desplegado una pancarta de 9 metros sobre el edificio de Capitol en la Gran Vía de Madrid para denunciar el "matrimonio de conveniencia" entre los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural.
Greenpeace pide que se modifique la ley de incompatibilidades
"Que lo que ha unido el interés por los negocios, el poder y el dinero no lo separe los ciudadanos que no llegan a fin de mes", ironizaba una activista de la ONG desde la Plaza de Callao donde han representado una boda múltiple entre los presidentes de estas corporaciones y Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.
"Lo que queremos es que la Fiscalía investigue si todo esto es legal. Si es legal, entonces reafirma nuestra petición para que se modifique la ley de incompatibilidades para que no se permita que haya puertas giratorias", ha señalado José Luis García, responsable del Área de Investigación e Incidencia de Greenpeace a Público.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La luz subirá un 3,2% con la reforma energética del Gobierno
En ochos años la factura eléctrica media de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros
El ministro de Industria, José Manuel Soria. EP
Las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros para reformar el sector eléctrico implicarán una subida del precio de la luz del 3,2%, según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en rueda de prensa tras la reunión.
Este incremento se sumará al encarecimiento del 63% registrado entre 2003 y 2011, ochos años en los que la factura eléctrica media de los hogares españoles ha pasado de 360 a 588,5 euros.
La subida se inscribe en un reparto de costes como parte de la reforma, que, según el Ejecutivo, permitirá recortar en 4.500 millones el desequilibrio estructural del sistema eléctrico. El desfase del sector eléctrico supera los 26.000 millones y suma 4.000 millones anuales.
De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otros 2.700 millones a las empresas con la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y primas a las renovables)
Soria, que ha afirmado que la alternativa era "la quiebra del sistema" o subir la luz un 40%, ha dicho que las empresas, que verán reducidos sus ingresos, "van a agradecer" la reforma con el paso del tiempo porque "introduce estabilidad y certidumbre". Para el ministro esta reforma consigue "atajar de forma definitiva" el problema del déficit y evitar que se vuelva a repetir "con efectos tan nocivos".
La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos "automáticos" en la parte de los ingresos.
Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz "más claro" para que "todos puedan entender la factura", al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "No cambia de concepto", aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.
Entre los más caros de Europa
España es para los consumidores domésticos el país de Europa con la electricidad más cara, por detrás de los sistemas insulares de Chipre y Malta, mientras que en el caso de los consumidores industriales la luz también se sitúa "más que entre la mayoría de los competidores", indicó el ministro, quien calificó de "grave" el problema del sistema eléctrico.
"Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general (...) lo que a veces no coincide con los intereses particulares y legítimos de las empresas", ha apuntado Soria, quien ha subrayado que la reforma impulsada hoy por el Ejecutivo "no se casa con nadie" y dará sostenibilidad y certidumbre al sector.
Empresas
En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.
Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.
En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de "bajo riesgo", la nueva retribución será del tipo del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una "rentabilidad razonable" del 6,5%.
La carga sobre instalaciones del régimen especial y del régimen ordinario se repartirá a partes iguales, mientras que el recorte al pago por capacidad implicará una reducción de 26.000 a 10.000 euros por megavatio (MW), al tiempo que se incrementa de 10 a 20 años el periodo de percepción.
...............................................................................................................
Producir la electricidad cuesta una cuarta parte de lo que pagamos
El recibo de la luz se ha encarecido un 8% con Rajoy. Vuelve a subir por la nueva reforma eléctrica del Gobierno.
De cada euro que los españoles pagamos por el recibo de la luz, apenas veinticinco céntimos corresponden al coste de generar la electricidad necesaria para el suministro. El resto es imputable a conceptos como el transporte, la distribución, la gestión comercial y los gravámenes que el Estado impone, cuyo peso sobre el total ronda el 50%. Uno de los elementos más perturbadores en los últimos años ha sido el llamado déficit de tarifa, que permite moderar la subida de los precios con criterios políticos, a cambio de encarecer la factura en el futuro. El déficit de tarifa, creado cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico, acumula ya 26.000 millones de euros y representa casi una décima parte del importe del recibo de la luz.
Reforma eléctrica
Para evitar que continuara creciendo, el Gobierno de Rajoy adoptó el año pasado una serie decisiones presupuestarias y fiscales, completadas en el último Consejo de Ministros con una reforma eléctrica que no ha contentado a nadie. En virtud de ella, el déficit de tarifa previsto para 2013 se va a reducir en 4.500 millones, que se suman a los 6.000 derivados de las medidas puestas en marcha en 2012. De esos 4.500 millones, 1.800 los vamos a pagar entre todos, ya sea en calidad de consumidores (900) como de contribuyentes (otros 900), y los 2.700 restantes correrán por cuenta de las compañías productoras, que verán reducida la retribución por sus redes de transporte y distribución y las primas a las renovables.
La modificación del régimen regulador de esas primas es uno de los elementos más controvertidos de la reforma, porque va a frenar la implantación de algunas energías alternativas y supone un quebranto para quienes invirtieron en ellas al calor de las fuertes subvenciones establecidas. Pero, según fuentes del sector, la situación actual es insostenible por el espectacular crecimiento que las renovables han tenido en nuestro país, pues no en vano hoy aportan 4.000 megavatios de potencia al sistema, cuando la previsión inicial eran 400. Las mismas fuentes atribuyen ese sobredimensionamiento a una legislación demasiado flexible y a la falta de controles suficientes para evitar el fraude, muy concentrado en las fotovoltáicas.
Pagan los consumidores
Las primas representan alrededor del 20% del recibo de la luz y se ha reclamado reiteradamente a los gobiernos que sean sufragadas a través de los Presupuestos, pues responden a una decisión política, independiente de la voluntad de los consumidores. Ni Zapatero en su momento ni Rajoy desde que llegó a La Moncloa han aceptado esa posibilidad, amparándose en el perjudicial impacto que tendría sobre el déficit público. Rajoy, en concreto, ha preferido cortar por lo sano y limitar las primas, a sabiendas de que podría meter al Estado español en una espiral de demandas, dado que los damnificados pueden alegar que así se vulneran los derechos que contrajeron al realizar sus inversiones.
Si a las compañías productoras no les ha gustado la reforma, y su evolución en Bolsa durante los últimos días es la mejor prueba de ello, tampoco los consumidores pueden estar satisfechos, toda vez que conlleva un aumento del precio de la electricidad del 3,2%, el segundo en lo que va de año. Desde que gobierna el PP, el recibo de la luz ha subido un 8%, lo que sitúa a España entre los países más caros de la Unión Europea, sólo precedido por Irlanda y Chipre, lo que no sólo supone un agravio para los ciudadanos, sino también un importante obstáculo para la competitividad, porque la energía es uno de los principales costes a los que deben hacer frente la inmensa mayoría de las empresas.
...............................................................................................................
La factura de la luz podría subir hasta un 50% en las viviendas con menos consumo, según la OCU
contadLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la subida del precio de la luz será mucho mayor que la anunciada por el Gobierno, un 3,2%, y afirma que las viviendas con menos consumo podrían encarecer su factura hasta un 50%.
La OCU ha destacado en un comunicado que la reforma eléctrica presenta muchas incógnitas para el consumidor”, especialmente en la Tarifa de Último Recurso (TUR), contratada por la mayoría de los ciudadanos. Además, la organización ha enfatizado que prevé más subidas.
La más inminente, señala la OCU, es que entre las medidas para dejar de generar déficit los consumidores paguen un 3,2% más por las tarifas de acceso. Además, aclara que la subida será muy desigual entre los consumidores, porque junto a la subida anunciada se va a producir un importante cambio en la forma de cobrar esas tarifas de acceso.
Por un lado, el término fijo, lo que se paga por cada kW de potencia contratado, subirá hasta un 77%. A cambio, el precio del kWh bajará un 22%. Según la OCU, estos cambios implican que el importe fijo pesará más, perdiendo importancia los términos variables (la luz que se consume), por lo que avisa que “desincentivará el ahorro” y supondrá un “importante freno” para el desarrollo del autoconsumo.
Ante esta situación, la OCU ha aconsejado a los consumidores que revisen si la potencia contratada es adecuada. Hasta ahora, reducir un kW de potencia contratada suponía un ahorro anual de 28 euros, pero a partir de agosto, esta reducción podría suponer unos 40 euros.
Los principales grupos ecologistas han rechazado de pleno la reforma energética y han denunciado que el Gobierno mantiene un diálogo continuo con las grandes empresas del sector eléctrico y que la hoja de ruta medioambiental responde sólo a "intereses económicos de las grandes compañías eléctricas y no al interés general". "No va a solucional los problemas del sector eléctrico", han manifestado.
En un comunicado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han considerado que España seguirá importando y quemando combustibles fósiles en una senda medio ambiental, económica y social insostenible, que además "imposibilita que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia", de acuerdo con el Real Decreto sobre autoconsumo.
"Incluso el no registrarse como autoconsumidor en el Ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros", han opinado.
Además, las ONG ecologistas denuncian que el paquete normativo está diseñado para "frenar en seco" el desarrollo de las energías renovables "a favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio)" y la "absoluta falta de transparencia" mostrada por el Ministerio de Industria, que ha otorgado sólo diez días para presentar alegaciones a la normativa.
"La reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro", sostienen. "El extenso paquete normativo, presentado en poco más de una semana, culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica. Mientras tanto, nada dice de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los ecologistas se proponen acabar con el ‘matrimonio’ entre políticos y grandes empresas eléctricas
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lleva a la Fiscalía Anticorrupción los casos de puertas giratorias. Greenpeace realiza varios actos en Madrid contra la "boda de conveniencia" del Gobierno con Iberdrola, Endesa y Gas Natural
Quizás los casos de los expresidentes Felipe González (consejero de Gas Natural) y José María Aznar (consejero de Endesa) son los más conocidos. Pero la lista de políticos o familiares de políticos que pasan a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas de España es extensa y de variado tinte político: Narcís Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes, todos ellos en Endesa; Ángel Acebes e Ignacio López del Hierro en Iberdrola; Ana Palacio en Hidroeléctrica del Cantábrico; María de los Ángeles Amador en Red Eléctrica; Marcelino Oreja en Enagás...
Estos nombres, junto a otros muchos, aparecen en la denuncia que la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, integrada por varias agrupaciones ecologistas, partidos políticos y sociedad civil, han presentado esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las consecuencias que esta práctica de puertas giratorias están teniendo en consumidores y medio ambiente.
"En el presente documento se detallará la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, que con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector", señala el escrito que la plataforma ha hecho llegar al Ministerio Público junto a decenas de miles de firmas de apoyo a la iniciativa.
En especial, la denuncia hace hincapié en cómo esta connivencia entre políticos y empresas ha servido para "hacer agonizar" al sector de las renovables con el objetivo de beneficiar a las grandes compañías eléctricas.
"¿Quién paga la boda?"
En la misma línea se ha desarrollado también esta mañana la última acción de Greenpeace, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que ha desplegado una pancarta de 9 metros sobre el edificio de Capitol en la Gran Vía de Madrid para denunciar el "matrimonio de conveniencia" entre los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural.
Greenpeace pide que se modifique la ley de incompatibilidades
"Que lo que ha unido el interés por los negocios, el poder y el dinero no lo separe los ciudadanos que no llegan a fin de mes", ironizaba una activista de la ONG desde la Plaza de Callao donde han representado una boda múltiple entre los presidentes de estas corporaciones y Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.
"Lo que queremos es que la Fiscalía investigue si todo esto es legal. Si es legal, entonces reafirma nuestra petición para que se modifique la ley de incompatibilidades para que no se permita que haya puertas giratorias", ha señalado José Luis García, responsable del Área de Investigación e Incidencia de Greenpeace a Público.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La luz subirá un 3,2% con la reforma energética del Gobierno
En ochos años la factura eléctrica media de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros
El ministro de Industria, José Manuel Soria. EP
Las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros para reformar el sector eléctrico implicarán una subida del precio de la luz del 3,2%, según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en rueda de prensa tras la reunión.
Este incremento se sumará al encarecimiento del 63% registrado entre 2003 y 2011, ochos años en los que la factura eléctrica media de los hogares españoles ha pasado de 360 a 588,5 euros.
La subida se inscribe en un reparto de costes como parte de la reforma, que, según el Ejecutivo, permitirá recortar en 4.500 millones el desequilibrio estructural del sistema eléctrico. El desfase del sector eléctrico supera los 26.000 millones y suma 4.000 millones anuales.
De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otros 2.700 millones a las empresas con la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y primas a las renovables)
Soria, que ha afirmado que la alternativa era "la quiebra del sistema" o subir la luz un 40%, ha dicho que las empresas, que verán reducidos sus ingresos, "van a agradecer" la reforma con el paso del tiempo porque "introduce estabilidad y certidumbre". Para el ministro esta reforma consigue "atajar de forma definitiva" el problema del déficit y evitar que se vuelva a repetir "con efectos tan nocivos".
La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos "automáticos" en la parte de los ingresos.
Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz "más claro" para que "todos puedan entender la factura", al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "No cambia de concepto", aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.
Entre los más caros de Europa
España es para los consumidores domésticos el país de Europa con la electricidad más cara, por detrás de los sistemas insulares de Chipre y Malta, mientras que en el caso de los consumidores industriales la luz también se sitúa "más que entre la mayoría de los competidores", indicó el ministro, quien calificó de "grave" el problema del sistema eléctrico.
"Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general (...) lo que a veces no coincide con los intereses particulares y legítimos de las empresas", ha apuntado Soria, quien ha subrayado que la reforma impulsada hoy por el Ejecutivo "no se casa con nadie" y dará sostenibilidad y certidumbre al sector.
Empresas
En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.
Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.
En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de "bajo riesgo", la nueva retribución será del tipo del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una "rentabilidad razonable" del 6,5%.
La carga sobre instalaciones del régimen especial y del régimen ordinario se repartirá a partes iguales, mientras que el recorte al pago por capacidad implicará una reducción de 26.000 a 10.000 euros por megavatio (MW), al tiempo que se incrementa de 10 a 20 años el periodo de percepción.
...............................................................................................................
Producir la electricidad cuesta una cuarta parte de lo que pagamos
El recibo de la luz se ha encarecido un 8% con Rajoy. Vuelve a subir por la nueva reforma eléctrica del Gobierno.
De cada euro que los españoles pagamos por el recibo de la luz, apenas veinticinco céntimos corresponden al coste de generar la electricidad necesaria para el suministro. El resto es imputable a conceptos como el transporte, la distribución, la gestión comercial y los gravámenes que el Estado impone, cuyo peso sobre el total ronda el 50%. Uno de los elementos más perturbadores en los últimos años ha sido el llamado déficit de tarifa, que permite moderar la subida de los precios con criterios políticos, a cambio de encarecer la factura en el futuro. El déficit de tarifa, creado cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico, acumula ya 26.000 millones de euros y representa casi una décima parte del importe del recibo de la luz.
Reforma eléctrica
Para evitar que continuara creciendo, el Gobierno de Rajoy adoptó el año pasado una serie decisiones presupuestarias y fiscales, completadas en el último Consejo de Ministros con una reforma eléctrica que no ha contentado a nadie. En virtud de ella, el déficit de tarifa previsto para 2013 se va a reducir en 4.500 millones, que se suman a los 6.000 derivados de las medidas puestas en marcha en 2012. De esos 4.500 millones, 1.800 los vamos a pagar entre todos, ya sea en calidad de consumidores (900) como de contribuyentes (otros 900), y los 2.700 restantes correrán por cuenta de las compañías productoras, que verán reducida la retribución por sus redes de transporte y distribución y las primas a las renovables.
La modificación del régimen regulador de esas primas es uno de los elementos más controvertidos de la reforma, porque va a frenar la implantación de algunas energías alternativas y supone un quebranto para quienes invirtieron en ellas al calor de las fuertes subvenciones establecidas. Pero, según fuentes del sector, la situación actual es insostenible por el espectacular crecimiento que las renovables han tenido en nuestro país, pues no en vano hoy aportan 4.000 megavatios de potencia al sistema, cuando la previsión inicial eran 400. Las mismas fuentes atribuyen ese sobredimensionamiento a una legislación demasiado flexible y a la falta de controles suficientes para evitar el fraude, muy concentrado en las fotovoltáicas.
Pagan los consumidores
Las primas representan alrededor del 20% del recibo de la luz y se ha reclamado reiteradamente a los gobiernos que sean sufragadas a través de los Presupuestos, pues responden a una decisión política, independiente de la voluntad de los consumidores. Ni Zapatero en su momento ni Rajoy desde que llegó a La Moncloa han aceptado esa posibilidad, amparándose en el perjudicial impacto que tendría sobre el déficit público. Rajoy, en concreto, ha preferido cortar por lo sano y limitar las primas, a sabiendas de que podría meter al Estado español en una espiral de demandas, dado que los damnificados pueden alegar que así se vulneran los derechos que contrajeron al realizar sus inversiones.
Si a las compañías productoras no les ha gustado la reforma, y su evolución en Bolsa durante los últimos días es la mejor prueba de ello, tampoco los consumidores pueden estar satisfechos, toda vez que conlleva un aumento del precio de la electricidad del 3,2%, el segundo en lo que va de año. Desde que gobierna el PP, el recibo de la luz ha subido un 8%, lo que sitúa a España entre los países más caros de la Unión Europea, sólo precedido por Irlanda y Chipre, lo que no sólo supone un agravio para los ciudadanos, sino también un importante obstáculo para la competitividad, porque la energía es uno de los principales costes a los que deben hacer frente la inmensa mayoría de las empresas.
...............................................................................................................
La factura de la luz podría subir hasta un 50% en las viviendas con menos consumo, según la OCU
contadLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la subida del precio de la luz será mucho mayor que la anunciada por el Gobierno, un 3,2%, y afirma que las viviendas con menos consumo podrían encarecer su factura hasta un 50%.
La OCU ha destacado en un comunicado que la reforma eléctrica presenta muchas incógnitas para el consumidor”, especialmente en la Tarifa de Último Recurso (TUR), contratada por la mayoría de los ciudadanos. Además, la organización ha enfatizado que prevé más subidas.
La más inminente, señala la OCU, es que entre las medidas para dejar de generar déficit los consumidores paguen un 3,2% más por las tarifas de acceso. Además, aclara que la subida será muy desigual entre los consumidores, porque junto a la subida anunciada se va a producir un importante cambio en la forma de cobrar esas tarifas de acceso.
Por un lado, el término fijo, lo que se paga por cada kW de potencia contratado, subirá hasta un 77%. A cambio, el precio del kWh bajará un 22%. Según la OCU, estos cambios implican que el importe fijo pesará más, perdiendo importancia los términos variables (la luz que se consume), por lo que avisa que “desincentivará el ahorro” y supondrá un “importante freno” para el desarrollo del autoconsumo.
Ante esta situación, la OCU ha aconsejado a los consumidores que revisen si la potencia contratada es adecuada. Hasta ahora, reducir un kW de potencia contratada suponía un ahorro anual de 28 euros, pero a partir de agosto, esta reducción podría suponer unos 40 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario